El Gobierno nacional publicó la reglamentación necesaria para coordinar el nuevo Régimen Penal Juvenil. El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal; además, se crean un registro de supervisores especializados, un comité interministerial y una mesa federal con participación voluntaria de las provincias.
La ley vigente alcanza a adolescentes desde los 14 años y fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad, sin prisión perpetua. También prevé monitoreo electrónico, capacitación laboral, tareas comunitarias, reparación del daño, tratamiento de adicciones y otras medidas según el delito y la decisión judicial. Las víctimas tienen derecho a asistencia especializada, información y patrocinio jurídico gratuito cuando corresponda.
El avance muestra que la propuesta del Gobierno no se limita a “bajar la edad”. Busca terminar con zonas de impunidad, fortalecer la responsabilidad por los actos y, al mismo tiempo, establecer un procedimiento especializado orientado a reducir la reincidencia. La crítica automática de sectores de izquierda omite que el propio texto incorpora proporcionalidad, garantías, educación y reinserción.
Impacto concreto para Chacabuco
Los casos locales dependerán de la Justicia bonaerense y de la coordinación con los sistemas provinciales y municipales de niñez, salud, educación, seguridad y adicciones. El decreto no crea por sí solo equipos ni establecimientos en Chacabuco.
La administración de Kicillof tiene la oportunidad y la responsabilidad institucional de participar de la mesa federal y adaptar sus procedimientos. A nivel local, la gestión de Darío Golía debería informar qué dispositivos existen, qué profesionales están disponibles y cómo se asistirá a las víctimas. Seguridad no es una consigna: requiere capacidad operativa y rendición de cuentas.